Este 1° de agosto se cumple un año desde la entrada en vigor de la Ley N° 21.643 —conocida como Ley Karin— que introdujo en el Código del Trabajo y otras normas la obligación de prevenir, investigar y sancionar el acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo, con perspectiva de género y garantía de dignidad laboral. Su espíritu es claro: institucionalizar protocolos, procedimientos y medidas de resguardo como suspensión de labores, traslado o atención psicológica temprana.
Ley Karin: balance de denuncias y enfoque de género
Hablando de cifras que se manejan hasta el momento, durante los primeros cinco meses (1° de agosto al 31 de diciembre de 2024), la Dirección del Trabajo (DT) recibió 21.864 solicitudes de denuncia, de las cuales 9.151 (42 %) cumplieron con los criterios de la Ley Karin en sector privado, y el restante 35 % fue descartado por no corresponder a acoso o violencia, y el restante se encuentra en proceso de calificación.
Las mujeres representan más de dos tercios de las denuncias: un 67,8 % en el sector privado y un 76 % en el sector público centralizado. Estos hechos ponen en evidencia tanto vulnerabilidades específicas como la necesidad de enfoque sensible al género.
Retraso en Inspecciones del Trabajo: la brecha operativa
No obstante, hay luces y sombras. El sobrecargado sistema de las Inspecciones del Trabajo enfrenta demoras crónicas: los plazos legales de 30 días hábiles no se están cumpliendo; hoy los casos se resuelven en 4 a 6 meses, lo que erosiona la celeridad y el principio de no revictimización. Este desajuste entre expectativas normativas y capacidad operativa es una falla sistémica crítica.
PYMES y protocolos: el talón de Aquiles de la prevención
Pareciera que el impacto real de la Ley Karin no se mide solo en el volumen de denuncias, sino en su capacidad resolutiva, en la protección efectiva y en la capacidad adaptativa a las condiciones diversas del tejido productivo. Transformar esta norma de diagnóstico en justicia efectiva exige ahora medidas operacionales: aumento de dotación en Inspecciones, investigación compartida para PYMES, subsidios para protocolos y financiamiento de atención psicológica externa.
Medidas urgentes para proteger a las víctimas de acoso laboral
La Ley Karin ha cumplido su objetivo inicial: visibilizar situaciones silenciadas, abrir canales de denuncia y poner la mirada en el acoso y la violencia. Las cifras que tenemos hasta ahora son reveladoras y el desafío es claro: consolidar un efecto real y reparador, con justicia procesal y cultural en todos los rincones del mundo laboral. Solo así esta legislación se convertirá en garante real de un derecho fundamental: trabajar sin violencia ni acoso.
De la denuncia a la reparación: cómo consolidar la Ley Karin
Lo que comenzó como una ley reactiva debe evolucionar hacia un sistema de garantías robustas, en que el derecho a trabajar sin violencia ni acoso sea algo más que un enunciado.
